El senador panista Luis Alberto Coppola Joffroy consideró que es necesario revisar la legislación en materia de arraigo y de testigo protegido.

En el marco de una conferencia de prensa ofrecida por el Grupo Plural de Trabajo que se integró para darle seguimiento al caso de los ex funcionarios de Michoacán procesados por supuestos vínculos con el crimen organizado, el legislador por Baja California Sur aclaró “Yo no comparto la opinión en el sentido de que haya sido una cacería de tipo político, porque aquí en México tenemos la tendencia muchas personas; y yo estoy hablando a título personal y no en representación de ningún partido político, tendemos a politizar asuntos que son estrictamente y meramente del orden judicial”.

“Aquí lo que yo cuestionaría es este sistema, de reabrir el debate de la estructura judicial que tenemos en México, de esa reforma judicial que hicimos el año pasado”, señaló.

El senador por Acción Nacional puntualizó que se deben reabrir y revisar los programas de testigos protegidos y de los procesos de arraigo, ante un sistema judicial que es endeble en México.

“Ayer ustedes fueron testigos, el Senado de la República se agitó, se agitó porque hubo un debate amplio y creo que muchas de las tesis que ahí se expresaron fueron muy coincidentes aunque aparentemente contradictorias.

Todos coincidimos, y la Cámara de Diputados también, en que hay que ponerle orden a esta situación en México de la violencia. Y aquí me estoy saliendo un poco del tema pero tiene que ver con que los tres órdenes de gobierno se tienen que coordinar para dar soluciones”, enfatizó.

El también presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Alta puntualizó que no es momento de buscar culpables sino soluciones concretas porque México ya no puede esperar a que nos pongamos de acuerdo los legisladores. Aquí habría que hablar en términos de despojarnos de vestiduras, de ideas, de creencias y de ideologías en búsqueda de soluciones que los mexicanos están reclamando.

Cabe señalar que el pasado 29 de enero, 12 ex funcionarios michoacanos, quienes habían sido detenidos en mayo de 2009, fueron liberados, pues el juez del Tribunal Unitario Auxiliar de la Séptima Región desestimó las pruebas aportadas por la PGR.

No obstante, otros 20 ex servidores públicos michoacanos aún continúan en prisión.

Las intensas precipitaciones y vientos generados por el ciclón tropical Jimena en su paso por Baja California Sur, dejaron importantes daños materiales en la infraestructura pública y privada del estado, por ello, el senador panista Luis Coppola exhorta a la SHCP, mediante su Registro en la Cartera de Proyectos, se destinen los recursos para la implementación de estudios y obras de protección que den seguridad hidrológica a los habitantes de las regiones afectadas.

“Se requiere el diseño de planes estratégicos que permitan reducir los riesgos y disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones. Es importante establecer programas de desarrollo urbano que logren determinar claramente las zonas de riesgo y se actúe frente a éstas”, explicó el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Alta.

Aunado a esto, señala el legislador, es una realidad que en la entidad, no obstante la presencia de ciclones, el promedio anual de precipitaciones es muy bajo, lo cual impide que se logre su eficaz recuperación.

“Para ciertas regiones de México, los acuíferos son la única fuente de abastecimiento de agua para la población. Por medio de ellos se nutre la mayor parte de los municipios”, explicó.

Así pues, en el Punto de Acuerdo que presenta el senador Coppola pide además a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realizar un estudio hidrológico que comprenda los tres grandes arroyos que cruzan el Valle de Santo Domingo en BCS para establecer y definir obras de infraestructura con el propósito de aumentar de forma importante la capacidad de retención y filtración de agua de los mantos acuíferos y de esa forma evitar y/o prevenir los incidentes e inundaciones ocasionadas por el cambio climático.

“Esta captura representa un avance más del gobierno federal en su ardua lucha contra de la delincuencia organizada, por lo que hay que reconocer la labor que realizaron miembros de la Procuraduría Federal Preventiva (PFP) en el exitoso operativo que culminó con la captura de uno de los narcotraficantes y sicarios de mayor importancia”, expresó.

“He señalado con oportunidad el reclamo y preocupación de la población ante la presencia de la delincuencia organizada en Baja California Sur, pero el gobernador Narciso Agúndez responde con indiferencia ante la grave amenaza que aqueja a los ciudadanos del estado”, aseguró Coppola Joffroy.

Asimismo, indicó que este operativo, que por primera vez se da en la entidad, es un añejo reclamo de la sociedad sudcaliforniana ante la opacidad del propio gobierno encabezado por Narciso Agúndez Montaño.

Sin embargo, el también presidente de la comisión de turismo señaló que es inaudito que “El Teo” se haya alojado en el fraccionamiento Fidepaz -uno de los más exclusivos de la entidad- sin el previo conocimiento de la autoridad estatal y municipal.

Coppola Joffroy dijo que con la captura de “El Teo” se confirma lo que ha venido informando tiempo atrás en el sentido de que Baja California Sur se ha convertido en refugio de altos delincuentes, lo que deja serias dudas de la protección desde las altas esferas del gobierno del estado a cambio de ciertas prebendas.

“No hay que dejar de lado que hay algunos aspirantes a puestos de elección popular que andan dilapidando fortunas estrepitosas y a manos llenas, sin demostrar la procedencia de esos recursos sobre todo en un estado en donde la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas brillan por su ausencia propiciada por la misma autoridad”, abundó.

Por último, Coppola Joffroy llamó a todos los actores políticos y sociales de Baja California Sur a no escatimar esfuerzo alguno, ni por mínimo que parezca, en contra de la delincuencia organizada que tanto daño le ha hecho al país.

El legislador de Baja California Sur afirmó que es necesaria la eliminación de 100 diputados plurinominales, para que 300 sean electos por mayoría y 100 por representación proporcional; de igual modo, pidió que se eliminen 32 senadores plurinominales para quedar en 96.

“Debemos de realizar este esfuerzo para demostrar a la sociedad que en nuestras instituciones se busca hacer frente a los problemas económicos que atraviesa el país, al hacer esta reducción se estaría haciendo un ahorro potencial muy notable, que se compone de varios conceptos del gasto, no solamente de servicios personales”, sostuvo.

Asimismo, Coppola Joffroy planteó la reelección indefinida de diputados y senadores, la cual, acotó, fortalecerá las actividades legislativas.

“Actualmente, los ciudadanos están debidamente más y mejor informados, exigiendo permanentemente mejores resultados de sus legisladores federales; es necesario que sean los electores los que sancionen si deba ser reelecto el legislador, para el periodo inmediato al mandato en que funge como legislador.

“La reelección inmediata permitirá al Congreso tener legisladores comprometidos con su electorado, cuidando sobre todo a la base militante de su partido que, como primer filtro, habrá de sortear el legislador en funciones que pretenda ser reelecto, además de que fortalecerá el quehacer parlamentario”, explicó.

A través de su iniciativa, que busca reformar los artículos 52, 53, 54, 56 y 59 de la Constitución, Coppola Joffroy indicó que con la reelección de legisladores se establecería un verdadero equilibrio de Poderes y se tendrían representantes populares profesionales y especializados, con lo cual se permitiría desarrollar verdaderas carreras parlamentarias.

“Esta propuesta conlleva además de un mayor dinamismo y eficiencia legislativa sin olvidar un ahorro sustantivo de las erogaciones que anualmente se ejercen por concepto del gasto total en el Congreso de la Unión que podrían ascender aproximadamente a más de 400 millones de pesos.

“Derivado de la propuesta que se plantea se deberá modificar la legislación secundaria, entre otras el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, detalló el senador de Acción Nacional.

Explicaron en el punto de acuerdo que dicha solicitud no satisface el requisito establecido en el artículo 48 Constitucional para “arrojarse jurisdicción sobre las islas adyacentes a sus costas”.

En este sentido, exhortaron a la Secretaria de Gobernación hacer llegar una lista de las “islas, islotes y cayos” que satisfacen el territorio insular mexicano y que se encuentran bajo la “jurisdicción federal”, así como aquellas que se encuentran bajo la jurisdicción de alguna “entidad federativa”.

Finalizaron en que el “estado de Baja California Sur no ha ejercido su jurisdicción en la isla Bahía Magdalena y por ende, el Ejecutivo estatal no se encuentra en la posibilidad jurídica de disponer de dicha isla ni puede el Congreso local validar este acto a todas luces anticonstitucional”.

El senador sudcaliforniano propuso a los pescadores de la cooperativa “La Purísima”, que el grupo plural de trabajo se integre con legisladores de diferentes partidos para que no se genere una percepción de parcialidad.

Asimismo, les solicitó tiempo para que los senadores estudien el caso y puedan reunirse con la cooperativa “Bahía Tortugas” y la Comisión Nacional de Pesca para estudiar el caso y escuchar las distintas posiciones en el conflicto.

Por su parte, González Alcocer reconoció que es “evidente” que la autoridad no ha cumplido ni resuelto el conflicto entre ambas cooperativas que podría agravarlo, pero pidió a los pescadores tiempo para escuchar a las partes y pronunciarse al respecto

Andrade Quezada insistió a los pescadores en solicitarles tiempo para estudiar el caso y propuso a Coppola Joffroy que se integre una subcomisión o un grupo especial de trabajo que estudie y de seguimiento al caso antes de que se haga algún pronunciamiento o presente un punto de acuerdo al respecto.

Calderón Centeno propuso que se invite a escuchar al titular de Conapesca, Ramón Corral Ávila, a fin de que explique la situación, además de que, dijo, es necesario acudir a la zona del conflicto y escuchar a las partes in situ.

Cárdenas Jiménez sostuvo que se debe propiciar condiciones para solucionar el conflicto. Dijo que conflictos por límites territoriales se viven todos los días en muchos lugares del país, pero por lo que manifestó su apoyo para destrabar el conflicto y apoyar la resolución que tomen las autoridades pertinentes.

Enrique Castellanos, representante legal de la cooperativa “La Purísima”, expuso de manera amplia la problemática que se vive en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur.

Dijo que el problema data de hace más de ocho años y que se ha visto agravado por la agresión que sufrieron integrantes de la cooperativa que representa a manos de la cooperativa “Bahía Tortugas” junto con personal de la Armada de México.

Con láminas, mapas y documentos legales explicó a los senadores el problema de límite marítimo, por lo que les solicitó su intervención ante las autoridades correspondientes ya que no es sólo una disputa entre cooperativas, sino que “es una omisión de la autoridad”.

Rubén Velazco, presidente del consejo de administración de la cooperativa “La Purísima” recordó a los legisladores que en anteriores reuniones con autoridades se ha invitado a los integrantes de la otra cooperativa y que nunca han acudido.

“Incluso estaban invitados a esta reunión y no están”, dijo. Velazco mostró su disposición para reunirse lo antes posible con las partes implicadas, de modo que se pueda acelerar la solución al conflicto que dura ya más de ocho años y que afecta su producción y exportaciones.

Por último, Coppola Joffroy manifestó su apoyo ala cooperativa porque hay “algo turbio y sesgado”, pero aceptó reunirse con las partes y encontrar lo antes posible una solución que las satisfaga a ambas.

La reunión fue con integrantes de la cooperativa “La Purísima” y los senadores panistas Sebastián Calderón Centeno, presidente de la Comisión de Marina; Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia; Humberto Andrade Quezada, presidente de la Comisión de Población y Alberto Cárdenas Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura.

El punto de acuerdo solicitó se especifiquen las acciones realizadas en coordinación con otras dependencias del gobierno federal, con el estatal para resolver el conflicto entre los permisionarios federales y estatales que prestan el servicio público en el destino turístico.

Asimismo, el punto de acuerdo pide información sobre las acciones y medidas que se han adoptado o estén implementando con respecto a la conveniencia de interponer una controversia constitucional en contra de la Ley Estatal de Transporte y su Reglamento.

Por otro lado, se solicita al presidente de la Comisión Federal de Competencia investigue a efecto de determinar si las prácticas comerciales que efectúan los concesionarios locales en la zona de Los Cabos y La Paz se consideran como monopólicas de acuerdo con la Ley Federal de Competencia.

Por último, el punto de acuerdo se envió al gobernador del estado de Baja California Sur para que analice la búsqueda de soluciones al otorgamiento de concesiones estatales a los permisionarios federales con base en la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de junio de 2008.

Por medio de un punto de acuerdo, el legislador por Baja California Sur también solicitó al presidente Felipe Calderón que, a través de las Secretaría de Marina y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), se intensifiquen los operativos de inspección y vigilancia para combatir la pesca ilegal en aguas nacionales.

Expuso que la captura de tiburones es considerada como uno de los casos más representativos de sobreexplotación de los recursos pesqueros con efectos negativos y terribles costos ambientales para los ecosistemas marinos, tal como en otras regiones del mundo está ocurriendo.

“Dentro de las principales especies que se capturan en los litorales mexicanos, se encuentra el tiburón martillo.

“A lo largo de la zona costera del territorio nacional, se localizan diversos campamentos y comunidades pesqueras, cuyos pescadores se dedican a la captura comercial de tiburón, cuya especie se incluye en la composición de sus capturas”, indicó.

Coppola Joffroy, presidente de la Comisión de Turismo, indicó que el escenario de disminución de las poblaciones del tiburón martillo no es nada alentador para la conservación, protección y subsistencia de los recursos marinos del país.
En la mayor parte de los océanos, añadió, la pesca ilegal es una de las principales causas que han causado la situación de crisis en que se encuentran las poblaciones de tiburones martillo.

“Por estos motivos, en los últimos años se ha recomendado por diferentes organismos internacionales controlar y regular de forma más eficiente y precisa las pesquerías de tiburón martillo a nivel internacional, ya que los reportes recientes indican que la mayor parte de sus especies están siendo afectadas, al punto que pueden enfrentar claros riesgos de extinción”, destacó Coppola Joffroy.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.