México, D.F., 27 de agosto.- La Comisión Permanente exhortó al Procurador General de la República a investigar, con la debida diligencia y legalidad, los hechos de la Averiguación Previa Número AP/PGR/B.C.S./LC/062/2009 iniciada ante el Ministerio Público de la Federación en Baja California Sur, donde se consigan presuntas agresiones contra el senador panista Luis Alberto Coppola Joffroy.

Consideró que el Congreso de la Unión no debe permitir actos de violencia física contra diputados y senadores, ya que la protección del fuero constitucional de los legisladores es una prerrogativa indispensable para la existencia de las instituciones.

También condenó todos los actos de violencia injustificada contra los miembros de la sociedad en su conjunto y de los integrantes del Poder Legislativo.

“Coincidimos en el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a la propiedad privada y por lo tanto rechazamos todos los actos constitutivos de delito en su contra, como el despojo.

“Manifestamos además nuestro respeto y reconocimiento a los empresarios que de manera legal generan empleos y contribuyen al crecimiento económico de las familias trabajadoras y del país en un ramo tan importante para México como lo es el turismo”, indicó.

Por ello, añadió, se considera oportuno llamar a la autoridad correspondiente a que investigue de manera diligente los hechos denunciados.

En la exposición de motivos del dictamen, el promovente, senador Coppola Joffroy, relata que el 6 de agosto diversas personas que lo acompañaban fueron agredidas y recibidas a balazos en un predio propiedad del legislador .

Al tener pleno conocimiento que el predio propiedad de su familia estaba siendo invadido por profesionales en la materia, el senador de Acción Nacional fue al predio Las Margaritas III.

Al llegar, continuó, fue recibido con balazos por invasores que presumiblemente fueron contratados por órdenes del gobernador Narciso Agúndez Montaño y su secretario general, Luis Armando Díaz, quien ya cuenta con una averiguación previa en el vecino Estado de Baja California por el delito de invasión de predios.

Para Coppola, el atentado en su contra viene del palacio de gobierno, “pues me tienen cerrado un hotel desde hace nueve meses y ahora quieren quitarme mi predio”.

“El Poder Legislativo no puede ni debe permitir acciones que entrañen alguna violación al fuero constitucional de sus miembros, mismo que los protege de toda presión interna y, sobre todo externa; el interés social reclama que la función legislativa sea independiente de todo otro interés parcial o personal”, expuso.