México, D.F., 19 de marzo.- El senador panista Luis Alberto Coppola Joffroy repudió las agresiones contra periodistas en Baja California Sur, por lo que envió “un severo extrañamiento” al gobernador de ese estado por la “por la tolerancia a las agresiones a comunicadores críticos de su administración, conminándolo a respetar e instaurar el estado de derecho vigente”.

Mediante un punto de acuerdo, el legislador sudcaliforniano también exhortó al Ejecutivo federal para que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos a Periodistas de la Procuraduría General de la República para que investigue, atraiga e informe al Senado, “lo antes posible”, sobre cada una de las denuncias públicas de comunicadores agredidos por funcionarios del gobierno estatal de Baja California Sur.

En lo que va tan solo del año, dio a conocer el presidente de la Comisión de Turismo, cuatro reporteros de distintos medios de comunicación en Baja California Sur, han sido objeto de intimidación y ataques por ejercer libremente su profesión.

Citó en primer lugar el caso de Elizeo Zuluaga Canchola, del periódico “El Peninsular” que “fue agredido por el propio gobernador Narciso Agúndez Montaño en el Palacio Municipal de La Paz en abril de 2008.

El sábado 24 de enero elementos de la Policía Ministerial agredieron a la reportera Pamela Gutiérrez Bazán del diario “La Voz de Los Cabos”, quien cubría una nota relacionada con la muerte de la canadiense Tania Lee y cuando tomaba gráficas de familiares de la víctima en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en Cabo en San Lucas, elementos de la policía ministerial la “abordaron violentamente con el objeto de impedir que obtuviera material gráfico del caso”.

Otro caso, prosiguió el legislador federal, fue protagonizado por Antonio Alcántar López, Coordinador de Prensa del gobernador, cuando el viernes 13 de febrero agredió verbalmente a la reportera Berenice Rangel de la radiodifusora “Cabo Mil”, cuando realizaba una cobertura especial para el programa “Los Cabos a la Carta” conducido por el periodista Armando Figaredo, durante la celebración de una reunión de funcionarios federales y estatales en el aeropuerto internacional de San José del Cabo.

Un caso más, continuó Coppola Joffroy, fue cuando en la madrugada del domingo primero de marzo dos automóviles propiedad del periodista Martín Valtierra García, corresponsal del Canal 10 de Televisión en Ciudad Constitución, fueron incendiados. El periodista ha denunciado que este atentado a su patrimonio fue realizado por funcionarios del ayuntamiento de Comondú.

“El 11 de marzo Raquel Romo Medina, del Canal 10 de TV, fue brutalmente agredida por un perito de la PGR en plena vía pública lo que rechazo y repruebo categóricamente”, porque “agredió físicamente a la reportera, propinándole arteramente un puñetazo con furia descomunal en el rostro” a quien “tan solo cumplía con su oficio”, manifestó.

“Esta actitud de tolerancia es en extremo preocupante ya que invitan a cualquier individuo organización o corporación a agredir impunemente a quien se dedica a tan noble actividad”, puntualizó.

El legislador del blanquiazul dijo que el Colectivo Periodistas Sin Fronteras de Baja California Sur ya hizo un extrañamiento a las autoridades que están “vinculadas a estos actos intimidatorios”.

Por lo anterior, pidió que se instruya a la Subcomisión de Seguimiento Contra las Agresiones a Periodistas de la Comisión de Justicia del Senado a que “investigue e informe el caso de las agresiones sufridas por comunicadores” en Baja California Sur.

Asimismo solicitó se instruya al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue “todas y cada una de las agresiones contra los comunicadores”, emita las recomendaciones pertinentes e informe sobre los resultados obtenidos.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis correspondiente.