México, D.F., 2 de septiembre de 2008.- El senador panista Humberto Andrade Quezada presentó esta mañana un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados para que apruebe un “incremento sustancial” de recursos destinados a atender y enfrentar la degradación de los recursos naturales de nuestro país.

El punto de acuerdo, también suscrito por los senadores panistas Luis Alberto Coppola Joffroy y Sebastián Calderón Centeno, propone exhortar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados a evitar la desertificación y a favor del manejo sustentable de las tierras, mediante el incremento de los recursos.

Turnado a comisiones para su valoración, el punto de acuerdo pretende que durante la revisión, el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la Cámara de Diputados apruebe “un incremento sustancial de recursos” en la materia.

Andrade Quezada informó que de acuerdo con datos de la FAO, se estima que de la superficie territorial del país 196.4 millones de hectáreas, poco más del 60 por ciento, está afectado por la desertificación, esto es alrededor de 120 millones de hectáreas, de las cuales el 18 por ciento sufre infertilidad.

En la actualidad, continuó el legislador guanajuatense, la tasa anual promedio de deforestación de los bosques, selvas y otras tierras boscosas es de 401 mil hectáreas, “aunque hay quienes sostienen que puede alcanzar el millón y medio anual”.

El presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado afirmó que de acuerdo con la Red Mexicana de Esfuerzos Contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, la afectación se traduce en la merma anual de 540 millones de toneladas de azolves y la inutilización de diez mil hectáreas de las mejores tierras de riego.

Agregó que la deforestación, que oscila entre las 300 mil y un millón de hectáreas anuales, contribuye de manera sustancial a las pérdidas económicas calculadas por el INEGI en 10.6% del PIB, con “quebranto de la productividad y de los activos naturales como resultado de la degradación de las tierras”.

Esta tendencia, añadió Andrade, amenaza con la extinción del capital natural y provoca costos económicos que distorsionan el proceso de desarrollo sustentable y las condiciones de vida de la población.

Por lo anterior se pronunció a favor de que “gobierno y población rediseñen la propuesta ambiental para el siglo XXI, con alta prioridad y suma urgencia, porque la amenaza que se cierne sobre la viabilidad del desarrollo económico y social de nuestro país es realmente impactante”.

Por último, dijo que el reto es frenar los procesos de desertificación, conservar el suelo y restaurar las áreas degradadas.