Por: José Contreras

En respuesta a una petición de la Comisión Permanente, el Gobierno federal intervino para tratar de poner fin al conflicto que se vive en el transporte del municipio de Los Cabos debido a que las autoridades estatales y municipales, de filiación perredista, desconocieron las concesiones federales para transportes turísticos.

En un informe, la Comisión Permanente dio a conocer que el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, fue el encargado de instalar una mesa de trabajo en la que estuvieron presentes el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez; el alcalde de Los Cabos, Luis Armando Díaz y representantes de los concesionarios involucrados en el problema.

Durante la reunión, las partes se comprometieron a elaborar, en un plazo de una semana, una propuesta de solución que deje satisfechos a todos los involucrados.

El caos que se vive en el municipio de Los Cabos, y que afecta la actividad turística, tiene su origen en la Ley de Transporte del Estado de Baja California Sur y su Reglamento, los cuales señalan que todos los transportes de turismo deben contar con permiso a nivel estatal, independientemente de que cuenten con una concesión de carácter federal.

Según el senador del PAN, Luis Alberto Coppola Joffroy, esta disposición ha orillado a la detención de decenas de vehículos de transporte de turismo con placas otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal.La aplicación de multas por realizar labores de transporte de turismo sin contar con autorización estatal le ha generado al gobierno de Agúndez Montaño recursos por aproximadamente 90 millones de pesos. 

La aplicación de multas por realizar labores de transporte de turismo sin contar con autorización estatal le ha generado al gobierno de Agúndez Montaño recursos por aproximadamente 90 millones de pesos.

Luis Coppola sostuvo que el caos en el transporte de Los Cabos se originó en la gestión de Leonel Cota Montaño como gobernador de Baja California Sur, ya que protegió a las organizaciones locales de transportistas, quienes le representaron votos cautivos en los procesos electorales.

Cota Montaño impulsó la Ley de Transporte estatal, cuya disposición relativa al desconocimiento de las concesiones federales fue impugnada ante los tribunales el 3 de junio del 2005, por 36 empresas que tienen concesiones de la SCT. 

A pesar de que el juez segundo de distrito de Baja California Sur, con sede en La Paz, otorgó a los demandantes una suspensión provisional, continuaron las detenciones de vehículos por parte de los gobiernos perredistas estatal y del municipio de Los Cabos. 

Luego del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Gobierno federal decidió intervenir en el conflicto y para ello nombró como responsable de conducir los trabajos al secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo.   (Diario La Crónica de Hoy; sábado 12 de julio 2008)