Por Sen. Luis Coppola Joffroy

Los transportadores turísticos de Los Cabos, Baja California Sur solicitaron el amparo y protección de la justicia federal ante el C. Juez Segundo de Distrito del Estado luego de que la Dirección de Transporte estatal ordenara detener a los vehículos de dichos transportadores, bajo la circunstancia de que éstos no cuentan con permiso expedido por las autoridades locales para la explotación del servicio de turismo.

Sin embargo y a pesar de que el Juez de Distrito concediera la suspensión provisional y después la definitiva, para que las autoridades no pudieran detener vehículos o sancionarlos, las autoridades responsables siguieron levantando infracciones a todas las transportadoras sin respetar la medida suspensiva concedida por el Juez de Distrito; infracciones que a la fecha ascienden a la cantidad de $90,000,000.00.

Seguido que fue el procedimiento de amparo, éste fue fallado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, decretando un sobreseimiento respecto de una quejosa y concediendo el amparo y protección de la justicia de la unión a otras empresas quejosas.

El 4 de junio del presente año la Corte, a través de la Primera Sala, inexplicablemente y sin estudio profundo, determina que el expediente en cuestión regrese al Tribunal Colegiado de origen para el estudio de la legalidad correspondiente, circunstancia que está por acontecer.Por ello, es necesario aclarar que la resolución del los expedientes en cuestión y su análisis todavía se encuentran en estudio jurídico, es decir, aún no hay sentencia que cause estado o lo que es lo mismo, no hay cosa juzgada; de lo que se concluye, que en este momento, jurídicamente las empresas quejosas gozan de la suspensión definitiva concedida por el Juez de Distrito. 

No obstante, arbitrariamente las autoridades giraron instrucciones para que ninguna transportadora federal de turismo realice su actividad normal, lesionando con ello toda la actividad en ese sector turístico, y además están siendo amenazados por las autoridades, de ejecutar los embargos por el cúmulo de infracciones levantadas ilegalmente a las transportadoras. Y la consideración de esta ilegalidad es porque las responsables, sin observar la suspensión definitiva concedida a las quejosas del amparo, constantemente levantaron infracciones durante el procedimiento de amparo, violando dicha medida cautelar. Provocando que grandes empresas mayoristas de la Unión Americana, principal proveedor de turismo para nuestra región, hayan manifestando su preocupación.  

Así, el pasado 26 de Junio, mediante documento, empresas como; Aplee Vacations, Classic Vacations, Funjet Vacations, GOGO, Travel Impressions, MLT Vacations, Inc. manifestaron su gran preocupación al Gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño por las medidas adoptadas y la cerrazón de su gobierno, solicitándole su intervención urgente, de lo contrario, estarían dispuestos a retirarse del destino turístico. La resolución de la Corte y la apatía del Gobernador, provocaron que los transportadores turísticos federales realizaran un plantón frente al Aeropuerto Internacional de Los Cabos para exigir atención de las  autoridades competentes.Por ello, no es casualidad que derivado de este conflicto, la industria hotelera de Los Cabos haya registrado pérdidas por alrededor de 50 millones de dólares. Perdidas que crecerán si no atacamos el grave problema en que nos encontramos por falta de tolerancia de una de las partes.

El principal promotor de turismo extranjero a nuestro destino Los Cabos, son los Estados Unidos y  Canadá. Países exigen excelencia en servicios, la organización es fundamental a la hora de contratar paquetes, sin esta característica estaremos matando a “la gallina de los huevos de oro”  tan sólo por vincular asuntos electorales en lo futuro. Al día de hoy, las autoridades han mostrado su incapacidad de resolver el problema del transporte en el municipio que vive directamente del turismo. No se vale, ¡ya chole con lo mismo!.   (Diario El Peninsular; jueves 10 de julio 2008)