Criminales quienes fomentan los asentamientos en cauces de arroyos
Por Sen. Luis Coppola Joffroy
En la actualidad, México vive las consecuencias de un crecimiento desmedido y desordenado de los centros urbanos y rurales de la población, con la permanencia de los problemas tradicionales del sector rural y el aumento de daños al ambiente natural.
El constante incremento de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo o en suelo de conservación ecológica es un gran problema tanto para la seguridad de la población que las habita, como para el equilibrio ecológico de las urbes.
De acuerdo con instancias de Protección Civil, los asentamientos humanos irregulares que se ubican en los costados de canales y arroyos son los sitios más vulnerables y peligrosos. Estos representan un riesgo latente de sufrir inundaciones en temporadas de lluvias.
Según datos oficiales, los estados de la República mexicana que tienen proporciones elevadas de asentamientos irregulares son: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Distrito Federal, Nayarit y Morelos.
De éstas, durante dos décadas en Baja California Sur, el Municipio de Los Cabos, ha registrado un acelerado crecimiento poblacional debido principalmente a la generación de empleos que ofrece la industria de la construcción, derivado de las grandes inversiones que año con año se genera en infraestructura hotelera o actividades relacionadas con la construcción, por lo que constantemente arriban familias de otros estados del interior de la República Mexicana en busca de mejores oportunidades de vida.
Esta migración masiva se ha convertido en una problemática recurrente para las autoridades municipales y federales, ya que el Ayuntamiento no cuenta con reservas territoriales que garanticen un terreno para vivienda que demandan todas estas familias.
Tal es el caso de la zona de San José del Cabo, afectada por varios escurrimientos con las características de propiedad nacional; que al no existir reservas territoriales suficientes para vivienda, se empiezan a fomentar las invasiones en estos cauces de arroyo y zona federal de los mismos, rebasando la capacidad de maniobra de las instancias de gobierno para evitar la proliferación.
La politización de estas necesidades, es un factor predominante que incide en esta problemática es ya que previo a los periodos de elecciones, tanto federales como locales, algunos “líderes” promueven dichas invasiones para beneficio de ellos o para perjudicar a otros partidos políticos. Actualmente los arroyos que más presentan problemas de invasión son: “El Zacatal y El Saltito (vado Santa Rosa), sin embargo existen otros como Los Limones, El Aguajito y cañada Los Perros.
En muchos casos de estos asentamientos irregulares, se les otorga servicios, como agua potable y electricidad, lo que hace difícil cualquier acción para desalojarlos o reubicarlos.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de ciclones tropicales de este año, la cual ya ha iniciado, prevé al menos treinta sistemas que podrían ir desde depresiones y tormentas tropicales hasta huracanes moderados e intensos, y casi dos millones de personas estarán en riesgo por sus efectos. Se prevé que durante este año Baja California Sur será el estado con mayor riesgo ciclónico, sobre todo su extremo sur.
A todo ello, hay que adicionar que los conocedores de los grandes impactos de los ciclones o Huracanes en los centros de población han precisado que el Ciclón Liza que azotó la península de Baja California Sur, en septiembre de
A más de tres décadas podemos decir que nadie imaginaba esta lamentable tragedia, sin embargo bien se pudo haber evitado si las autoridades de aquel entonces no hubiesen otorgado anuencia para la construcción de casas en pleno arroyo denominado del Cajoncito.
Hoy, tenemos en nuestras manos la responsabilidad oportuna de evitar tragedias provocadas no sólo por estos fenómenos naturales, sino por las autoridades que, por beneficio político propio, fomentan los asentamientos irregulares. Tenemos la oportunidad de cambiar la negociación frívola y oscura de unos cuantos a cambio del sufragio, por la seguridad y beneficio de todos.
Pues ahora resulta que el principal invasor, el actual Secretario General de Gobierno, Luis Armando Díaz, quien estuvo convicto en el puerto de Ensenada por el delito de despojo bajo la causa penal 370/90, será quien coordine los trabajos de problemática de invasiones en Los Cabos. Vaya paradoja… y Narciso igualito. ¡Ya chole con lo mismo! (Diario El Peninsular; miércoles 25 de junio 2008)
