El turismo es una de las actividades económicas más dinámicas e importantes en México, al ser la tercera fuente de divisas después del petróleo y las remesas, y contribuir con 8 por ciento del PIB Nacional, además de que 6 por ciento de la Población Económicamente Activa, depende de esa actividad.

El desarrollo turístico en las playas mexicanas enfrenta una restricción constitucional que impide a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras éstas zonas, lo cual se justificó en su momento por cuestiones de seguridad nacional, en respuesta a las múltiples invasiones extranjeras de que México fue víctima, pero que hoy esas razones han sido plenamente rebasadas por la realidad, operando únicamente como un obstáculo a la inversión extranjera y cerrando a las regiones afectadas la oportunidad de acelerar su desarrollo social y económico de las que son capaces.

En la práctica, es posible que los extranjeros obtengan el derecho al uso y aprovechamiento de terrenos ubicados en la zona restringida, a través de la figura del fideicomiso, haciendo de cierta manera una argucia jurídica a la restricción establecida en el citado precepto constitucional, que se ve ya rebasada por la realidad.

La prohibición Constitucional no impide a los extranjeros el aprovechamiento de las playas mexicanas, sino que únicamente impone la necesidad de mayores trámites, hace más onerosa e incierta la inversión, y elimina los incentivos que podrían tener los inversionistas extranjeros para traer sus recursos a nuestro país, por lo gravoso y complicado que es la adquisición de una propiedad en la zona costera.

El potencial de México en materia de turismo, en especial en los litorales, es muy amplio, por lo que hacer más flexible la norma constitucional adaptándola a la dinámica real, incrementará sin duda la competitividad en materia turística.