La protección del medio ambiente es un deber del Estado Mexicano consagrado en la Constitución y establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, lo que genera obligaciones para los poderes públicos. La efectiva protección del derecho a un medio ambiente adecuado es uno de los mayores retos que tienen que enfrentar la sociedad mexicana.

La ley ha establecido determinados casos, de manera enunciativa más no limitativa, en los cuales se considera que se obtiene un perjuicio al interés social o existe contravención a disposiciones de orden público. La legislación secundaria establece que la protección del medio ambiente es un valor social reconocido, cuya exigencia forma parte de las reglas mínimas de convivencia social.

Se busca dar bases para que se ponderen adecuadamente las garantías sociales respecto de los derechos individuales que la Constitución reconoce. Por ello, debe preverse que la valiosa figura jurídica de las medidas cautelares no sea excusa para evadir el cumplimiento de la ley en materia de protección al medio ambiente, ni para evitar que se tengan que cumplir las medidas dictadas por la autoridad y tendientes a evitar daños ambientales, a los recursos naturales o al equilibrio ecológico, en tanto se resuelve un juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.